Por: Luis Rosario.
En los últimos días el Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura un proyecto para eliminar las candidaturas independientes dentro del sistema electoral dominicano.
Pero es necesario decirlo con claridad: no basta con modificar una ley para hacer desaparecer un derecho político.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 22, establece como un derecho fundamental de ciudadanía elegir y ser elegido para cargos públicos. Ese derecho no está condicionado a pertenecer obligatoriamente a un partido político.
Por tanto, si se pretende establecer que en la República Dominicana solo se puede aspirar a cargos públicos a través de un partido político, entonces no basta con modificar la Ley 20-23 de Régimen Electoral ni la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Para que esa limitación sea válida jurídicamente, primero habría que modificar la propia Constitución para que establezca expresamente que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido pero únicamente por medio de un partido político.
De lo contrario, estaríamos frente a una ley que restringe un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, lo que inevitablemente abriría la puerta a acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Pero este tema no es solo jurídico. También es profundamente político.
Cada vez son más las voces que señalan que el verdadero propósito de esta iniciativa es reconfigurar el escenario electoral dominicano. Hay quienes entienden que detrás de esta propuesta se busca crear condiciones políticas que permitan habilitar nuevamente al presidente Luis Abinader, intentando frenar el crecimiento político del expresidente Leonel Fernández, quien continúa consolidándose como una de las principales fuerzas políticas del país.
Y en ese mismo escenario, también se abriría la puerta para habilitar al expresidente Danilo Medina, lo que confirma que esta discusión no es simplemente un debate jurídico, sino una jugada política de gran alcance.
Por eso, cuando esta iniciativa llegue a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, sus miembros deben actuar con responsabilidad histórica y respeto a la Constitución, evitando aprobar disposiciones que puedan convertirse en un atropello al orden constitucional y a los derechos políticos de los ciudadanos.
La democracia no se fortalece restringiendo derechos ni diseñando leyes para acomodar intereses políticos del momento.
La democracia se fortalece respetando la Constitución y garantizando la participación libre de los ciudadanos.
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