Por: César Rodríguez
En política, los gobiernos rara vez caen por un solo
error. Se desgastan lentamente, erosionados por decisiones desacertadas,
escándalos acumulados y una desconexión progresiva con el sentir popular. Sin
embargo, llega un momento en que un hecho específico actúa como detonante
final, como el punto de quiebre. Hoy, en la República Dominicana, todo parece
indicar que la crisis generada por la minería en San Juan de la Maguana podría
convertirse en ese “tiro de gracia” para el gobierno del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) de cara a los comicios de 2028.
El PRM no llega a esta coyuntura en condiciones
óptimas. Muy por el contrario, arriba con una acumulación de cuestionamientos
que han minado su credibilidad pública, una que va desde denuncias de
corrupción administrativa, graves situaciones en instituciones clave como el sistema
de salud, señalamientos, sometimientos y extradiciones por vínculos de actores
políticos con estructuras del narcotráfico y una gestión económica que
evidencia desequilibrios preocupantes.
El modelo de manejo estatal ha sido objeto de críticas
por una combinación peligrosa que expone baja inversión pública en áreas
estratégicas, incremento sostenido del gasto corriente, crecimiento
desproporcionado de la nómina estatal y un endeudamiento que muchos economistas
consideran insostenible en el mediano plazo. Este cóctel erosiona la confianza
ciudadana y proyecta la imagen de un gobierno que administra más para
sostenerse que para transformar.
En ese contexto, cualquier crisis adicional no solo
suma, sino que multiplica el desgaste.
La provincia de San Juan de la Maguana no es un
territorio cualquiera. Es el llamado “granero del sur”, una región cuya
economía descansa fundamentalmente en la agricultura y la producción de alimentos
para la República Dominicana el país.
Precisamente por esa vocación agrícola, la población
ha reaccionado con firmeza ante los proyectos de explotación minera en la zona,
particularmente en áreas cercanas a la Cordillera Central. En los últimos días,
el país ha sido testigo de un estallido social significativo: protestas
multitudinarias, huelgas, movilización de la diáspora y un rechazo casi unánime
bajo una consigna que ya se ha convertido en símbolo nacional: “Agua sí, oro no”.
Las manifestaciones no han sido aisladas ni
marginales. Han reunido a ciudadanos de distintas provincias, sectores sociales
y hasta autoridades locales, evidenciando un rechazo transversal.
Más aún, la tensión ha escalado a niveles
preocupantes, intervenciones policiales con gases lacrimógenos y dispersión de
manifestantes reflejan que el conflicto ha dejado de ser ambiental para
convertirse en un problema político de alto voltaje.
El núcleo del conflicto no es simplemente ideológico;
es profundamente material y existencial. Los habitantes de San Juan temen que
la explotación minera afecte las cuencas hidrográficas, comprometiendo la
producción agrícola y la seguridad alimentaria de la región.
No es un temor infundado. La experiencia minera en
otras zonas del país, como es el caso de Cotuí, ha estado marcada por
controversias ambientales, denuncias de contaminación y conflictos sociales
prolongados.
En consecuencia, lo que se vive hoy en San Juan no es
solo una protesta contra un proyecto, sino una expresión de desconfianza
histórica hacia un modelo extractivo percibido como incompatible con la vida
rural, la salud y el futuro de las comunidades.
Aquí es donde el gobierno del PRM parece haber
cometido su error más grave, subestimar el peso simbólico y social del tema.
Impulsar o permitir el avance de proyectos mineros en
una provincia que se define a sí misma por su vocación agrícola equivale a
desafiar directamente la identidad económica y cultural de su gente. Peor aún,
hacerlo en medio de un contexto de desconfianza institucional convierte la
decisión en una provocación política.
El respaldo —explícito o implícito— de sectores
mediáticos a la minería ha intensificado la percepción de que existe una alianza
entre poder político, intereses económicos y narrativa pública, lo que
profundiza el rechazo ciudadano.
Lo ocurrido en San Juan ya trascendió lo local. Se ha
convertido en un símbolo nacional de resistencia, en un punto de convergencia
de múltiples descontentos acumulados.
Cuando un gobierno logra unificar en su contra a
sectores sociales diversos —campesinos, profesionales, líderes comunitarios,
diáspora— no enfrenta simplemente una protesta: enfrenta una narrativa adversa
que puede marcar el rumbo electoral.
San Juan ha pasado de ser una provincia agrícola a
convertirse en un escenario político donde se redefine la relación entre Estado
y ciudadanía.
Si el PRM no logra reconducir esta crisis, el impacto
electoral podría ser devastador. No porque la minería por sí sola determine una
elección, sino porque funciona como catalizador de un malestar más amplio.
La historia política demuestra que los gobiernos no
caen únicamente por lo que hacen mal, sino por el momento en que la ciudadanía
decide que ya no confía en ellos. San Juan podría representar precisamente ese
momento.
El conflicto minero en San Juan no es un episodio
aislado; es el síntoma de una desconexión profunda entre el gobierno y el país
real.
Cuando un pueblo grita “agua sí, oro no”, no está
rechazando solo un proyecto económico: está defendiendo su forma de vida, su
identidad y su futuro.
Ignorar esa voz puede tener consecuencias
irreversibles.
Y en política, hay errores que no se corrigen,
simplemente se pagan en las urnas.
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